La “caja de sorpresas” de Daniel Ortega

Posted: 06/11/2014 in Centreamèrica
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Los números abruman, la falta de transparencia levanta dudas. El Gobierno de Nicaragua lleva casi tres semanas de retraso respecto a su compromiso de publicar, el 15 de octubre, la lista de los terrenos afectados (léase a expropiar) por la construcción del Gran Canal Interoceánico. El inicio de las obras está previsto para diciembre pero, a dia de hoy, no se conoce el recorrido definitivo ni se ha publicado ningún estudio de impacto ambiental o económico.

Se conocen, eso sí, las grandes cifras: 50,000 millones de dólares de inversión para un canal que rivalize con el de Panamá y por donde quepan las enormes naves, principalmente chinas, que surcarán los mares en un futuro inmediato.

El Gobierno firmó, en junio de 2013, un acuerdo con la empresa HKND (Hong Kong Nicaragua Canal Development) para la construcción de un canal de 278 kilómetros de longitud, con una anchura de entre 230 a 530 metros y 30 metros de profundidad. La obra requiere de otras infraestructuras relacionadas como aeropuertos, puertos, un ferrocarril y un enorme lago artificial. Las obras crearían 5,000 empleos directos, según el gobierno.

Este proyecto, de proporciones faraónicas, está destinado a sacar al país de la pobreza pero amenaza con provocar el peor estallido social desde la caida de Somoza.

El Acuerdo Marco entre el gobierno y la inversionista HKND establece los derechos de explotación del Canal por los próximos 50 años renovables medio siglo más. La compañía china tendrá libertad total para usar los recursos naturales del país en beneficio del proyecto. “Se le dan derechos irrestrictos de reservas de sol, agua, aire y tierra”, denuncia Maura Madrid, del Centro de Estudios Geográficos Alexander Von Humboldt.

Daños medioambientales

Hoy se llevó a cabo la marcha número once contra el proyecto, el dia después que la oposición, en minoria presentara una propuesta de ley que pretende derogar un proyecto que “viene a vender la soberanía nacional a un extranjero”, dijo el jefe del grupo parlamentario opositor, Wilmer López, tras introducir la iniciativa ante la primera secretaría del Parlamento.

Esta ONG publicó un informe que calficaba el proyecto de “inviable” por los graves daños socioambientales. El texto denuncia que el Canal afectará “irreversiblemente” a dos reservas de la biosfera y pasará por tierras comunales pobladas por indígenas. Además, causará graves daños al lago Cocibolca, la mayor fuente de agua potable del país y la región.

El presidente, Daniel Ortega, respondió a la publicación del informe con un desganado “el lago ya está contaminado”, un juicio que rebaten desde el Centro. “Hay un cierto grado de contaminación por falta de tratamiento de aguas residuales pero por falta de inversiones. El lago tiene capacidad de regenerarse parcialmente. Varios municipios se abastacen directamente y más de 1,500 pescadores viven de él”, asegura Madriz.

En 2007, al volver a la presidencia, Ortega aseguró que “ni por todo el oro del mundo venderé el lago” añadiendo que“no se debe correr el riesgo de contaminar la mayor reserva de agua potable del país y de Centroamérica”. Años más tarde justificó su cambio de parecer así: “los compañeros me fueron persuadiendo… me fueron persuadiendo y al final me convencieron”, sin mencionar nunca quienes fueron esos compañeros.

La angustia por las expropiaciones

El Centro calcula que más de 100,000 personas podrían quedar expropiadas. Y muchos temen perderlo todo a pesar que el gobierno ha repetido en múltiples ocasiones que va a pagar un precio justo. Pero aquí, nuevamente, surgen dudas.

Para empezar, la ley establece que se va a pagar sólo el valor catastral de las fincas. Es decir, todas aquella mejoras introducidas por los propietarios no se van a compensar. Además, “la concesionaria puede elegir los terrenos que quiera y el estado tiene la obligación de entregárselos”, denuncia Madriz.

Una vez se comunique la expropiación, el propietario del terreno tiene la obligación de salir en 30 días. A la concesionaria, en cambio, se le otorga un plazo de entre tres meses y diez años para pagar. Además, remata, “el gobierno no se hace responsable de ningún impago ya que considera todo el proceso un acuerdo entre privados”.

Otro aspecto que puede encender la mecha de la insurrección es que la ley especifica que sólo se pagará a los propietarios, con lo cual quedarían sin indemnizaciones todos aquellos que consiguieron sus terrenos con las reformas agrarias de finales del s XX. Por no hablar de los tierras comunales ni los territorios indígenas.

La concesionaria realizó su propio censo para decidir qué tierras le conviene más “reclamar”. “Censaron a muchas personas fuera del impacto directo del canal, una línia imaginaria de 10 kms al norte y 10 al sur por donde transcurre el Canal.

El mismo Acuerdo Marco establece que la empresa tiene derecho a iniciar cualquier sub-proyecto que “el inversionista determine que es necesaria para el desarrollo y operación de uno o más de tales sub-proyectos. En esta “caja de sorpresas”, como refiere Madriz, podrían entrar resorts turísticos o la construcción de industrias del acero o de los explosivos, unas industrias que abaratarían mucho los costes de construcción (“se necesitarán un milllón de toneladas de explosivos para abrir la ruta” dice Madriz) pero sin una utilidad clara cuando ésta termine.

Perspectivas económicas
En la presentación que hizo el gobierno del proyecto, en agosto de 2013, se aseguró que el comercio marítimo iba a crecer un 9% anual durante los próximos 20 años. El experto en transporte marítimo, Andy Lane, asegura que “hacer previsiones más allá de 12 meses nunca ha sido una ciencia exacta”. Sin embargo, nadie prevé que disminuya el tráfico marítimo, “el medio más barato, de lejos, de transportar mercancías”, asegura.

El pronóstico de Lane es positivo pero no entusiasta. “La demanda crecerá pero no de manera masiva y algunas rutas encontrarán ventajas en usar el canal de Nicaragua”. Sin embargo, considera que muchos preferirán Panamá por ser más rápido y, por tanto, barato (el 50% de los costes de transporte se los lleva el combustible).

El cálculo del experto es que el nuevo Canal le quitaría un 21% de los pasajes al de Panamá. Teniendo en cuenta los gastos de amortización de la inversión, el pronóstico de Lane es que “los beneficios para los nicaragüenses serán los puestos de trabajo. Los ingresos del estado no llegarían nunca a los 1.4 billones de $ que ingresa, anualmente, Panamá.

Aunque, una vez más, insiste, no hay la información suficiente pasa saber si el Canal será beneficioso o, por lo contrario, una infraestructura impresionante pero deficitaria, “un elefante blanco”.

El Inversionista

Otro aspecto que levanta controversia es la identidad (y fiabilidad) de los inversores. HKND es una empresa que se creó en las Islas Caimán, con sede en Hong Kong, a instancias del magnate de las telecomunicaciones Wang Jing, sin ningun tipo de experiencia en infraestructuras marinas.

Segun el director del Observatorio Chino, Xulio Ríos, “Wang lo niega pero debe tener algun tipo de ayuda del gobierno chino”. El problema, según apunta, es que Nicaragua, como muchos otros países centroamericanos, aún reconocen a Taiwan como el legítimo estado chino, un apoyo que se basa en millonaria ayudas taiwanesas al desarrollo. Pekín, por tanto, no mantiene contacto diplomático con Managua.

Para Ríos, el proyecto es importante para China. Por distintos motivos, asegura.

En lo económico, “para garantizar una mejora de la competitividad de sus productos abaratando los costes de transporte”. En lo estratégico, “al disponer de un acceso muy cerca de EUA”. También podría beneficiar la salida de materias primas de Venezuela hacia China.

En su opinión no se trata tanto de “controlar” nada sino de tener una via alternativa, un paso más en una política de construcción de una red comercial a lo largo y ancho del planeta.

Respecto a Wang, Ríos recuerda que “su empresa logró en 2012 una licencia de telefonía celular en Nicaragua gracias a las buenas relaciones con el hijo de Daniel Ortega, Laureano”. Estos vínculos con el régimen hacen desconfiar más, todavía, a los detractores del proyecto.

Y es que, en realidad, la ley no da la concesión a HKND sino a otra empresa desconocida, Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestucturas, S.A.. Las indagaciones del Centro Humboldt solo han permitido saber que fue fundada en Nicaragua en 2013 y que no tiene ni oficinas. “Se cree que pertenece a dos abogados de Taboada y asociados”, dice Maura Madriz.

El bufete fue el asesor legal del gobierno en la negociación con HKND y es el gran desconocido de todo este proceso. “Se dice que la empresa fue aperturada con menos de 400$ de capital inicial”, revela Madriz.

Una más de las especulaciones que rodean a este proyecto enorme, opaco y decisivo para el futuro del país. Sin embargo, Ríos afirma que, desde Asia, “en general se ve como un proyecto viable y realista”.

Publicat originàriament a Diario La Prensa.

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